Mi Querido Tiburón.

Nuevo reparto televisivo: ¿Solución o enjuague?

El nuevo Real Decreto que articula la venta centralizada de los derechos de Televisión no deja indiferente a nadie, para unos representa la solución definitiva a los problemas de la liga, para otros solo es más de lo mismo. Pero, ¿realmente es así?

Desconfiar de esta clase de acuerdos es un proceso natural. En términos históricos, la venta televisiva en la LFP ha sido siempre un teatro de guiñoles lleno de trampas. Cuando el grupo Antena3 emprendió su lucha para acabar con el reparto colectivo en los 90 no dudó en ofrecer suculentos sueldos a la mayoría de presidentes de primera, a cargo de supuestas tareas de representación, como vía para ganarse el voto a favor de la ruptura. Clubes como el FC Barcelona, siempre contrario a la venta individual por temor a que el Real Madrid se convirtiera en un rival inalcanzable, fue convencido en una cena en la que se le prometió igualdad de trato en el pago.

El contrapeso de Sogecable, la irrupción de las autonómicas y el hundimiento prematuro de Vía Digital (Antena3), ayudó a que la venta televisiva fuera proporcional, aunque individualizada. Ello gestó la mejor época del fútbol español. Hasta que apareció, gracias a otra cena, Mediapro y LaSexta, haciendo saltar la banca dando trato de privilegio a dos clubes por encima del resto, eliminando a las autonómicas de la ecuación, el verdadero factor igualitario hasta entonces, por uso de la fuerza. Fomentando así los desequilibrios tan salvajes que ha padecido la liga estos últimos ocho años.

¿Podemos creer que dos clubes que llevan gozando de una situación de privilegio desde hace casi dos décadas renuncien a su estatus tan fácilmente?

El nuevo Real Decreto, que convierte en ley el reparto colectivo, y la articulación del mismo, tiene muchas puertas giratorias, cláusulas y disposiciones adicionales, letra pequeña y vías de escape. Tiene demasiadas cosas. Ciertamente, el resultado final deja un escenario mucho mejor que el actual, aunque recaigan sombras sobre demasiados aspectos fundamentales. Sobre todo en que se llegue a cumplir alguno de los supuestos que lo convertirían en un buen acuerdo. He aquí la cuestión.

Las cosas buenas del Real Decreto

Definitivamente, los grandes beneficiados del mismo son los clubes pequeños. El acuerdo, en casi todos sus escenarios, iguala por abajo consiguiendo sólo en el último de ellos (un acuerdo global de 1500 millones de euros) igualar con las élites. Si mantenemos una mentalidad individualista, puede molestar que clubes como el Getafe – en el supuesto más modesto – pasen a ganar 30 millones por los poco más de 60 del Valencia, mientras éste, seguiría bastante lejos de alcanzar esa proporción respecto al Barcelona.

Supuestos de ingresos
Supuestos de ingresos · thebarraca.com

Desde un prisma colectivo, enriquecer a las entidades más humildes, dotarlas de capacidad de inversión, contribuye a aumentar el nivel de la competición, y por tanto su atractivo. Y eso siempre es beneficioso a largo plazo.

Si se aplicara el modelo de reparto en la situación actual, Real Madrid y FC Barcelona coparían la cabeza con 84 millones, mientras Valencia y Atlético se situarían a su vera con 77 millones. Pero he aquí una de las cláusulas trampa del acuerdo: Ningún club puede ganar menos de lo que ingresa en la actualidad, por lo tanto, el duopolio, aunque la situación beneficie a los 18 miembros restantes, jamás podrá percibir menos de 140 millones. Para encontrar una situación tan ventajosa se debería firmar un contrato que supere los 1400 millones, el escenario más optimista de los planteados y dos veces la cantidad actual que cobran los clubes, algo poco probable de conseguir antes de 2022.

Otro de los puntos fuertes del RDL (Real decreto ley) es la constante reducción de diferencias. Actualmente situadas en 8 a 1. En una venta colectiva de 1000 millones, una opción factible a corto plazo, las distancias actuales se reducirían a 4,5 a 1. Y en sucesivos se podría llegar incluso a 3 a 1, muy cerca del 2,5 a 1 de la liga inglesa. El documento otorga la posibilidad, hasta ahora negada, de poder igualarse con los mejores en el futuro. Aunque ese futuro esté en condicional.

El acuerdo también beneficia al fútbol amateur, asegurando 5 millones a la Segunda B, un 0,5% del pastel al fútbol femenino y un 1% al CSD para financiar a los atletas olímpicos. Y además permitirá a los clubes emitir en diferido, y siempre que la jornada haya terminado, sus partidos a través de sus canales de televisión o redes. Lo cual les puede ayudar a construir mejor sus campañas de marketing social.

Los peros del Real Decreto

La LFP se afana en vender supuestos de ingresos ligados al proceso de subasta que se antojan en muchos casos utópicos. Lo que invita a pensar que el acuerdo tiene demasiados números para quedar en papel mojado. Es irreal pensar que la venta colectiva alcance los 1400-1500 millones de euros, el único escenario que realmente perjudicaría a Madrid y Barcelona y beneficiaria a la clase media-alta, sus principales competidores. Tampoco es probable que el escenario intermedio, de 1250-1300 millones, sea factible en un primer intento.

Javier Tebas habla de un escenario realista de 1000-1200 millones en la primera venta, lo cual dejaría unos 900 millones para los clubes de primera. Merced a la cláusula que impide que los socios de la liga ingresen menos de lo que ingresan en la actualidad convierte en el corto plazo la venta centralizada en un acuerdo de mínimos, sobre todo para entidades como el Atlético o el Valencia. Que son los verdaderos perjudicados del acuerdo, ya que apenas crecen, no recortan con la cabeza y por contra ven como se acercan sustancialmente los demás a su nivel de ingresos.

La realidad del mercado español es bastante funesta para pensar en escenarios más optimistas, incluso el plano realista de Tebas tiene pendientes difíciles de subir. El mercado digital autóctono alcanza los 4 millones de abonados, la misma cantidad que existe en Portugal, un país con 37 millones de habitantes menos. Lo cual, al tenedor de los derechos, se le hace muy complicado poder rentabilizar un contrato superior a los 700-750 millones actuales.

Reparto según resultados · thebarraca.com
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Sin embargo, la Liga afirma que ese plus puede llegar de la venta de los derechos internacionales y de la Copa del Rey. Que podrían suponer unos 400 millones extra. Partida que en estos momentos no está lo suficientemente explotada.

Aquí nos volvemos a topar con la crudeza del modelo que Mediapro ha fomentado. Prácticamente ningún país de Europa televisa los partidos de la LFP, salvo el llamado ‘clásico’. Sólo en la Europa del este – Rumanía, Polonia…etc – latinoamérica, los países árabes y en Rusia se hace un pase variado de la competición; en los últimos casos las diferencias horarias hacen que se televisen a horas intempestivas con lo que las audiencias son bastante modestas. En definitiva, estamos hablando de mercados muy pequeños. En los grandes predomina el interés por la Premier, en segundo lugar por la Champions, y luego, por los duelos individuales entre el Real Madrid y el Barcelona.

La LFP es la única gran competición continental que en estos últimos quince años no ha creado una marca global, encontrándose a la hora de salir como unidad al mercado internacional de los derechos de televisión en una posición precaria. Lo que genera muchas dudas respecto al éxito de las previsiones oficiales de ingresos en esa partida.

Trampas, subterfugios y cosas raras del Real Decreto

Más allá de las dudas razonables sobre la posibilidad de conseguir cantidades que realmente ayuden a cambiar el sino del fútbol, hay detalles mucho más preocupantes. No son pocos los juristas y expertos en derecho que advierten de las altas probabilidades de tumbar el acuerdo si es llevado a los tribunales, ya que es discutible que en una economía de libre mercado el gobierno, además de imponer como deben obtener sus ingresos empresas privadas, también les indique como gestionarlos, lo que podría convertir el RDL en inconstitucional. Sumándole que el fin último de los Reales Decretos ha quedado desvirtuado con esta medida.

Y sobre todo por una cuestión que no es baladí: El acuerdo convierte en ley la posición de abuso de Real Madrid y FC Barcelona sobre el mercado televisivo. En abril de 2010, durante el génesis a la venta centralizada, se le otorgó al duopolio la capacidad de veto sobre cualquier acuerdo referido a la venta de los derechos televisivos que pudiera perjudicar a sus intereses. Gracias al decreto, ese derecho restrictivo es inamovible mientras éste siga en vigor.

La importancia de esa posición se entiende cuando se llega al siguiente punto. ¿Quién compone el órgano encargado de endosar, gestionar y gobernar los designios del paquete televisivo de La Liga? Evidentemente, el mismo está presidido por Javier Tebas (o por cualquier presidente de la LFP en el futuro), que tiene la virtud de ejercer el voto de oro en caso de empate. Los otros dos componentes, con plaza fija, son Real Madrid, FC Barcelona y su derecho a oponerse a cualquier resolución que favorezca a la mayoría menos a ellos dos. El resto lo completan otros dos clubes de primera que tendrán que ser elegidos en asamblea y cuya estancia en el órgano será rotativa y no superior a un año, más otro club de segunda en idénticas circunstancias.

Entramos en un terreno abonado para las elucubraciones. Ya son conocidas las vinculaciones de Tebas con Florentino y Roures, y dado que durante los seis próximos cursos ambos tienen garantizados sus ingresos actuales, cabe preguntarse qué pasará a partir del séptimo si las condiciones del reparto no les son favorables. ¿Aceptarán el acuerdo, o ejercerán su derecho al veto para conservar su posición y forzar a una renegociacion de los términos? ¿Aceptarán las condiciones de un operador que no les sean ventajosas o forzarán a vender a un tercero aunque resulten perjudiciales para la mayoría?

Además de ello cabe estar vigilante con las operaciones externas que se realicen en los próximos tiempos. Como la reciente firma del FC Barcelona con Telefónica a cambio de 40 millones anuales, cuya única justificación responde a algo tan vago como ‘expandir su marca por latinoamérica’. Telefónica es una de las pujantes para hacerse con el principal paquete del fútbol, y de entrada, ya está asociado a uno de los miembros del órgano con mayor capacidad de decisión, al que le ha regalado un plus de 40 millones ‘bajo mano’. La LFP es el único mercado que permite esta clase de acuerdos secundarios e individualizados entre operadores y clubes, lo cual prostituye cualquier intención de reparto igualitario.

Por otra parte, la ley anti-monopolio no permite que un sólo operador pueda quedarse todo el paquete televisivo, con lo cual las partes que pujen ya saben con antelación la disposición que tendrán a la hora de televisar los encuentros. Mediapro (tal vez asociada con BeinSport) seguirá en las mismas condiciones junto a Canal+ (que ha sido adquirida por Telefónica y pasará gestionarse a través de Movistar fútbol). La duda está en saber a quién le interesa el paquete en abierto, que visto el empeño en vender sólo los partidos de los modestos para depreciarlo la convierte de entrada en una partida deficitaria.

Aunque lo más extraño es esa repentina conversión de la LFP en un banco. Porque en virtud del acuerdo, la liga podrá usar los contratos de televisión como aval para pedir préstamos que se destinarán a pagar las deudas tributarias de sus afiliados, quienes tendrán que devolver esas cantidades cediendo una parte de los ingresos televisivos que le correspondan según los criterios de reparto. Aspecto que hace peligrosa la posición de influencia de la LFP sobre sus socios más necesitados.

¿El acuerdo, en su versión más modesta, es mejor que el actual? Sí ¿El nuevo reparto soluciona los desequilibrios existentes? No, de momento. ¿Lo hará en el futuro? Depende.

En definitiva, el nuevo acuerdo de venta centralizada está sujeto a muchos supuestos, estando los más ventajosos de ellos pendientes del mercado, del derecho de veto y de posiciones de fuerza que pueden hacer que nunca se materialicen. Además de la inseguridad jurídica que apuntan no pocos juristas. Al menos, desde la 2016/17, sabremos cuánto cobra cada club con exactitud y a qué se destina el dinero, ya que por ley, la LFP está obligada a publicar las cuentas y las condiciones de todos los acuerdos que firme. Otra cosa es saber si a partir de la misma fecha se alcanzará la solución a la desigualdad.

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